Desde la década de los ochenta, son muchas las ocasiones en las que me he pronunciado sobre diversos aspectos de la educación en Navarra. Mi diagnóstico hoy podría resumirse así: tenemos un buen sistema educativo, fruto de la preocupación conjunta de familias y administración, de un esfuerzo presupuestario que viene de lejos, y de la continuidad de un modelo pactado en los años ochenta por el PSN-PSOE y UPN que, sin grandes cambios, se mantiene hasta la actualidad. Está constituido por una doble red de centros públicos y concertados, garantiza la escolarización plena, la libertad de elección de centro, la gratuidad, y la enseñanza en castellano y euskera, de acuerdo a lo previsto en la LORAFNA y la Ley Foral del Euskera. Ha incorporado también, no sin dificultad, novedades significativas en el tratamiento de la diversidad, la incorporación del inglés y el acceso a las nuevas tecnologías. Consecuencia de todo ello, nuestro sistema está en línea con el de los países europeos más avanzados y es una de las señas de identidad de la Navarra del siglo XXI.
A este diagnóstico, que muchos tacharán de optimista, pero que creo responde a la realidad, he añadido reiteradamente algunos síntomas preocupantes que se dibujaban en el horizonte: signos de crisis en la escuela rural, el mejor y más débil de nuestros eslabones del sistema; un estancamiento, cuando no disminución, del presupuesto educativo; cierta huída de los centros públicos urbanos por parte de familias de clase media y trabajadora, consecuencia de la acumulación de inmigrantes y minorías étnicas en las aulas de estos centros; y, en consecuencia, una creciente dualización del sistema, que podemos y debemos reconducir.
En los últimos días, hemos conocido los resultados del informe PISA, el más prestigioso y homologado de los sistemas de evaluación en el ámbito educativo. Con todas sus limitaciones, PISA nos permite comparar nuestro sistema tanto con el del resto de las comunidades autónomas de España, como con el de los países de la UE y de la OCDE. Las pruebas se llevaron a cabo en 2018 y afectaron a 1.754 alumnos y alumnas de 15 años de 49 centros, de los que 28 eran públicos y 21 concertados. Se midieron los niveles de rendimiento en matemáticas, ciencias y competencia lectora, aunque los errores detectados en esta última prueba han obligado a embargar los datos a la espera de corregir los errores.
La radiografía presenta dos caras bien distintas. Entre lo positivo, el informe ratifica lo conocido: Navarra sigue ocupando las primeras posiciones en el ranking nacional y mayores porcentajes en todos los niveles de rendimiento que la media nacional, europea y de la OCDE. Pero sin desconocer lo positivo, logrado con el esfuerzo de todos, haríamos mal en quedarnos con esta única foto de situación, porque la brecha con otras comunidades se ha acortado, y regiones con menor presupuesto educativo como Galicia, Castilla y León, Aragón o Cantabria se nos han acercado o nos han sobrepasado en algunos parámetros.
Más importante de cara al futuro es subrayar los problemas que detecta el informe. El más sangrante de todos, la diferencia de puntuación existente entre el alumnado según su origen. En Navarra, el 17,5% del alumnado es inmigrante de origen, frente al 13% en la UE y en la OCDE y el 12% en España. Navarra ocupa el tercer lugar en porcentaje de inmigración entre las Comunidades Autónomas españolas y esto hay que tenerlo en cuenta. Las cifras no pueden ser más rotundas: en competencia matemática, la diferencia es de 68 puntos y 40 en competencia científica. Como la mayor parte de los inmigrantes se escolarizan en centros públicos, este factor penaliza significativamente los resultados de esta red. La diferencia entre la red pública y la concertada es de 40 puntos en matemáticas y de 34 en ciencias a favor de la segunda. Si a eso se une que el entorno socioeconómico más alto acude mayoritariamente a los centros concertados, la diferencia tiende a acentuarse, como así ha sucedido frente a los datos de 2015.
Saquemos algunas conclusiones. La primera y más importante: todos los alumnos escolarizados en Navarra son ciudadanos navarros que tienen los mismos derechos a una educación de calidad. En consecuencia, conseguir la equidad y la excelencia debe ser un objetivo compartido por todos. La segunda también es obvia. Si todos los centros navarros están sostenidos con fondos públicos, todos deben cooperar en el objetivo de conseguir que esta brecha disminuya de forma rápida y significativa. Esto para el sistema educativo navarro, sobre todo para los centros concertados, sean en castellano o euskera, es un imperativo social y ético del que nadie debe descolgarse. En consecuencia, no solo parece razonable sino exigible que la administración, como ya ha anunciado, tome las medidas oportunas para propiciar una más equilibrada distribución de este alumnado. Por supuesto, ello debe llevar aparejado disponer las ayudas adicionales necesarias, -económicas, de personal y organizativas-, para que esta tarea no vaya en perjuicio del alumnado nativo.
Permítaseme una última reflexión para terminar. El buen sistema educativo actual es fruto de un pacto entre ideologías diferentes. No es el momento de resucitar guerras escolares que no conducen a nada. El artículo 27 garantiza la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral, pero garantiza también el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza que corresponde a los poderes públicos.
Este es, a mi juicio, el pacto escolar que Navarra necesita. Y junto a él, un esfuerzo presupuestario mayor que permita reducir la alarmante interinidad del profesorado. Si las tres cosas se encaran en firme, sin prejuicios ideológicos, además de una mejora social indudable, estoy seguro que no tardaríamos en ver reflejados en PISA sus resultados en el medio plazo. La tarea es tan relevante que justifica una legislatura. ¿A qué esperamos?
Diario de Navarra, 12/12/2019
El valor de la palabra 