Cambios en la Ley del Euskera

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En sepia, sobre el azul de la zona no vascófona, los municipios que se pretende incorporar a la zona mixta (Diario de Navarra)

En las próximas semanas, el Parlamento de Navarra va a debatir, y en su caso a aprobar, un proyecto de ley para ampliar la zona mixta prevista en la Ley Foral del Vascuence. Como actor directamente involucrado en el proceso histórico-político vivido en el pasado, y como ciudadano interesado y atento al devenir de Navarra en el presente, pretendo expresar con claridad mi opinión ante un hecho no menor que requiere de la clase política ponderación en el análisis, buen criterio en la decisión y claridad en sus consecuencias prácticas.

Navarra culminó el proceso de democratización de las instituciones forales en 1982 con la promulgación de la LORAFNA. El artículo 9 de la misma dice lo siguiente: “El castellano es la lengua oficial de Navarra. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra. Una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua”.

A comienzos de los ochenta, la situación del euskera en Navarra era de una debilidad manifiesta. La realidad oscilaba entre el voluntarismo de padres y profesores, y la desidia, cuando no una cierta animadversión, de los poderes públicos que consentían dicha enseñanza una vez que era poco menos que inevitable. Únase a ello el contexto político de radicalidad y la falta de regulación legal para concluir que el conflicto estaba servido.

Esta era la situación de partida cuando el gobierno en minoría del PSN-PSOE (20 escaños de 50) accedió al poder en 1984. Inmediatamente se puso manos a la obra para dotar al euskera de una ley que regularizara su uso normal y oficial en los ámbitos de la convivencia social así como en la enseñanza. Durante varios meses, los contactos con los partidos se sucedieron. Los más fluidos y fructíferos se establecieron con los nacionalistas de EA. No obstante, su apoyo crítico resultaba insuficiente para sacar adelante la ley. Estos contactos se ampliaron además a instituciones relevantes vinculadas a la lengua vasca. El 26 de octubre de 1986, el gobierno de Navarra, partiendo del principio de zonificación, aprobó el proyecto de ley foral. El proceso discusión en el Parlamento fue extremadamente lento y minucioso, con cruces dialécticos enfrentados entre posiciones aparentemente irreconciliables. Pero poco a poco el consenso fue abriéndose paso, propiciado por la flexibilidad de la postura socialista y la desunión de la derecha. El grupo moderado hizo de puente entre la derecha y los socialistas; el grupo popular, con Jaime Ignacio del Burgo a la cabeza, flexibilizó su postura y acabó aceptando el texto; EA continuó con su apoyo crítico al proyecto y UPN redujo su beligerancia inicial. El 2 de diciembre de 1986, el Parlamento aprobó la Ley Foral del Vascuence, con un total de 29 votos pertenecientes a socialistas, moderados, populares y grupo mixto. Se abstuvieron los 11 parlamentarios de UPN y votaron en contra, créame si les digo que con la boca pequeña, quienes más habían empujado y participado en su preparación y redacción inicial, los 4 nacionalistas de EA. No estuvieron presenten los 6 parlamentarios de HB. Además del título preliminar, la ley abordaba el uso normal y oficial, la enseñanza, y los medios de comunicación social.

El balance de la aplicación de la ley, 30 años después, puede concretarse en lo siguiente: En primer lugar, el crecimiento del euskera ha sido considerable y el futuro del mismo parece esperanzador. La garantía legal y económica, por un lado, y la aceptación social, por otro, son los pilares en los que se asienta la situación actual. En segundo lugar, la ley ha demostrado ser un instrumento eficaz para la consecución de los logros señalados. En consecuencia, aún siendo susceptible de retoques y mejoras que, en todo caso, requerirían un amplio consenso social y político, sigue manteniendo toda su funcionalidad y validez. Y en tercer lugar, determinados avances no han necesitado de cambios en la ley, sino de una interpretación más o menos flexible de sus reglamentos.

A lo largo de estos 30 años, sólo se ha modificado en dos ocasiones: en 2010 para incluir a los ayuntamientos de Aranguren, Galar, Belascoáin y Noáin en la zona mixta; y en 2015 para permitir enseñanza pública en euskera en todas las localidades donde hubiere demanda suficiente.

Nos encontramos en víspera de una tercera modificación de mayor alcance: hasta una treintena de localidades pretenden pasar a la zona mixta, previa demanda de los ayuntamientos respectivos. La propia ley contempla esta posibilidad, previendo que el Gobierno de Navarra ordene periódicamente la elaboración de estudios de la realidad sociolingüística de los que dará cuenta al Parlamento. Y la pregunta es clara y terminante: ¿dónde están los estudios que avalan esta modificación? Tenemos además dos datos significativos: los últimos estudios lingüísticos nos hablan de que el 85% de los navarros no conocen ni usan ordinariamente la lengua, y algunos de los municipios que han pedido su pase a la zona mixta no han conseguido reunir ni el mínimo de alumnos requeridos para abrir una linea de modelo D. Con un agravante aún mayor: las mayorías de los municipios son coyunturales y en muchos casos no son mayorías sociales. Es más, en bastantes casos los votos de los ciudadanos que apoyaron a partidos contrarios a la ampliación superan a los votos de los partidos favorables a la misma. Y un último dato para terminar. El paso a la zona mixta no solo tiene consecuencias en lo relativo a la enseñanza, sino que afecta también a la oferta pública de empleo, con las consecuencias que ello implica.

En definitiva, ni los estudios sociolingüísticos, ni la demanda social, ni la discontinuidad geográfica, ni la vía municipal utilizada avalan un cambio de esta magnitud. La ley del 86 fue aprobada con 29 votos. Esta reforma, caso de salir adelante, lo hará con 26. Tiene, por tanto, recorrido limitado y fecha de caducidad. Mal asunto para una ley orgánica que requiere garantía de continuidad para el futuro. Justo lo que tenía la ley inicial.

Diario de Navarra, 23/3/2017

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