El TAV, otro consenso básico roto

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La historia nos enseña que el progreso social y económico de un territorio suele ir vinculado, entre otros factores, a una adecuada red de infraestructuras viarias, costosas a corto plazo en programación e inversión, pero muy fructíferas vistas en perspectiva histórica de larga duración. Así ha sucedido también en Navarra. El impulso de esta red en la segunda mitad del siglo XX guarda una  relación directa causa-efecto con el proceso de modernización experimentado por la sociedad navarra, proceso del que hemos despertado abruptamente con la llegada de la profunda crisis en la que estamos inmersos.

Navarra ha vivido un proceso paralelo, aunque divergente, en materia ferroviaria. La Ley General de Ferrocarriles, pistoletazo de salida de la generalización del tendido ferroviario en España se promulgó en 1855. Unos años después, la capital quedaría unida por ferrocarril con la Ribera. La idea de trazar una línea directa con Francia, vía Alduides, no encontró apoyo financiero ni político y su alternativa fue enlazar con la frontera vía Alsasua y empalmar con el Madrid-Irún. En conclusión, Navarra perdió este primer tren del progreso y el ferrocarril no tuvo sino un impacto reducido en el desarrollo socioeconómico de los dos últimos siglos.

La segunda oportunidad de subir al tren de la modernidad se presentó hace ya más de 30 años. El reportaje de Diario de Navarra de 25 de abril de 2010 y el artículo en este mismo medio de Miguel Muñoz, ex director de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, del pasado martes 21 de mayo me eximen de repetir la cronología de los hechos. Señalaré simplemente los más sobresalientes. Tras unos años de estudios y gestiones discretas ante los ministerios correspondientes, el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 1994 aprobó el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007. Este plan incluía el “Corredor Navarro de la Alta Velocidad”. Pese a las dificultades económicas que ya comenzaban a ser palpables, el 9 de abril de 2010 el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra suscribieron un Convenio para la construcción del tramo Castejón-Pamplona que, aunque imperfecto, suponía un anclaje en la red española con soporte europeo. Este acuerdo lo firmaron los gobiernos de dos fuerzas políticas divergentes, socialistas y regionalistas, que tenían en común dos objetivos básicos: ambos creían que este era un proyecto estratégico de futuro y ambos apostaban y lo siguen haciendo por una Comunidad propia y diferenciada, integrada en España y vertebrada en Europa con el TAV como elemento básico de cohesión y progreso. Un tren pensado para transportar mercancías y personas que nos sitúe en el mapa logístico europeo, que en buena medida definirá las redes del progreso en el próximo medio siglo.

Pues bien, ese mismo Gobierno de Navarra sostenido por el mismo partido -UPN- que firmó el acuerdo, acaba de aceptar cambios sustanciales en el Convenio firmado que desvirtúan notablemente el modelo y lo convierten en un híbrido que tal vez sea la peor de las soluciones posibles.

Ante esta situación de dificultad, ¿qué debería de haber hecho la Presidenta del Gobierno de Navarra? El sentido común indica, y más si se está en flagrante minoría política y parlamentaria, que lo oportuno hubiese sido contactar con el partido con el que se firmó el Convenio, diseñar juntos la forma de hacer frente al problema y liderar un movimiento político y cívico que exigiera del Gobierno de España el cumplimiento del acuerdo, aunque se hubieran tenido que renegociar los plazos de ejecución. Pero la práctica ha distado mucho de lo que aconsejaba el buen juicio y la sensatez política. Una doble comparecencia en el Parlamento del consejero de Fomento y la Presidenta sirvió para dar a conocer el acuerdo alcanzado con el Gobierno del PP y tratar de vender las bondades del nuevo proyecto. Todo ello con el indisimulado regocijo de los partidos nacionalistas, contrarios a un proyecto que reforzaba a la Comunidad y su futuro, y que no ha necesitado de una coordinadora específica para arrumbarlo porque la oposición la han ejercido los gobiernos nacional y foral.

Nuestra propuesta sigue en pie. El PSN-PSOE pide a la presidenta del Gobierno de Navarra que lidere el proyecto, movilice a las fuerzas económicas y sociales, defienda el cumplimiento del Convenio y renegocie los plazos si fuere preciso. Si así lo hace debe saber, como lo ha manifestado públicamente nuestro secretario general, que tendrá nuestro apoyo decidido. Si por el contrario opta por plegarse a los dictados del PP, sepa que nos tendrá enfrente. Y constataremos, una vez más, la ruptura de uno de los pocos consensos básicos que todavía estaban vigentes. Nadie nos podrá imputar el adicional deterioro que esto supone. ¿A dónde nos conduce usted, señora presidenta? No convierta el descarrilamiento en inevitable.

Román Felones Morrás

Presidente del PSN-PSOE y parlamentario foral

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