La contribución urbana de las confesiones religiosas

Vista aérea del Seminario de Pamplona

El pasado jueves, 28 de febrero, el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó, con el voto en contra de UPN y PP, una modificación de la Ley de Haciendas Locales de Navarra por la que, a partir de su entrada en vigor, los inmuebles de todas las confesiones religiosas no destinados al culto deberán pagar la correspondiente contribución urbana.

Algunos, especialmente los sectores vinculados a la jerarquía de la Iglesia Católica, han puesto el grito en el cielo. En concreto, en la nota de prensa del arzobispado, éste “mostraba su extrañeza ante los injustificados ataques a la Iglesia cuyo objetivo creemos es distorsionar su labor totalmente altruista en favor de la sociedad e inspirada por los valores del evangelio”.

En la medida en que yo fui uno de los parlamentarios que votó a favor de la modificación, me gustaría justificar mi voto.

La constitución española en su artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos. Y en su párrafo 3 señala: “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Por lo tanto, de acuerdo con el carácter aconfesional, que no laico, previsto en nuestra constitución, se impone una separación entre Iglesia y Estado regida por el principio de la cooperación. Es lo que algunos han venido en llamar la laicidad incluyente o la sana laicidad, en la que lo religioso tiene un papel que cumplir en la vida de las sociedades.

Desde el respeto inequívoco a lo religioso en los ámbitos personal y comunitario, creo que la Iglesia Católica, al igual que el resto de  las confesiones religiosas, tal como señala la norma, debe de cumplir con sus obligaciones tributarias por los bienes inmuebles que posean y no estén afectos al culto. Esto no significa que no se valore la importantísima labor que la propia Iglesia Católica ejerce en el ámbito social, hoy especialmente relevante a través de organizaciones como Manos Unidas o Cáritas.

Estando de acuerdo con el fondo del asunto,  puedo discutir  la forma y el mecanismo utilizado para su modificación. El grupo socialista intentó en comisión clarificar y acotar la redacción inicial, y en buena medida lo consiguió. Ahora bien, la casuística puede que sea mayor de la prevista. Cabe esperar que impere el sentido común y que sólo se graven los bienes que puedan generar algún beneficio económico.

Si la Iglesia ya lo hace, como parece desprenderse de las palabras del arzobispo, aclárese y dígase. Si no lo hace, creo que sería bueno acometerlo. Recuerdo las palabras de Jesús: “Al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios”.

No abramos una guerra de religión innecesaria, porque algunas sensibilidades están a flor de piel y la inmatriculación de templos a nombre de la diócesis sigue planeando como asunto no resuelto. El pago de la contribución no resolverá la crisis, pero tal vez ayude a que los ciudadanos perciban  a las Iglesias en general y a la católica en particular, como instituciones solidarias en este momento de especial dificultad. Les invito a las autoridades eclesiásticas a que ojeen los comentarios a la noticia aparecidos en la edición digital del Diario de Navarra del 2 de marzo,  y  repasen la opinión de los internautas. Probablemente se lleven más de una sorpresa.

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