Una obligación moral

 

Durante muchos años, demasiados años, cientos de personas han venido reivindicando en Navarra la necesidad de recuperar los cuerpos de sus familiares que fueron brutalmente asesinados por la represión franquista. La reciente aprobación de la Ley de Memoria Histórica puesta en marcha por el Partido Socialista, y muy criticada por la derecha de nuestro país, ha supuesto el instrumento jurídico que estas familias necesitaban para comenzar una tarea titánica, que de otra manera les hubiera sido totalmente imposible realizar.

Esta buena voluntad de las familias, ha chocado una vez más con la desidia y el desinterés de UPN que, al igual que hace con otras leyes que no le agradan, mira para otro lado en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en Navarra. Así, el Gobierno de UPN no ha avanzado en  la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, tal y como lo han hecho ya buena parte de las Comunidades Autónomas, para la elaboración en Navarra del mapa de fosas comunes. Tampoco UPN ha avanzado en la realización de un protocolo de exhumaciones ni en el establecimiento de un servicio de atención a los familiares de las personas fusiladas en Navarra, como se lo ha demandado casi unánimemente el Parlamento de Navarra.

Así las cosas, hasta el momento son las Asociaciones de Familiares, en los últimos años con ayudas económicas del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, las que con su esfuerzo están afrontado la recuperación de los cuerpos de los fusilados por la represión franquista. Y cuando así lo han hecho, han afrontado no sólo un problema particular o individual de un familiar, sino que han encarado un problema colectivo, que afecta al conjunto de la sociedad y a un sistema de valores propio de la democracia que nos hemos dado entre todos. No se trata de algo sencillo, porque el proceso que conlleva una exhumación es sumamente complejo y difícil, y requiere la máxima colaboración de todas las instituciones para hacerlo de la mejor forma posible.

En definitiva, no estamos, por tanto, ante un asunto que afecta sólo a la esfera particular de los directamente implicados, sino que es la sociedad en su conjunto y por ende las instituciones públicas las directamente concernidas, dado el carácter básicamente humanitario de la medida.

El objetivo es claro: se trata de enterrar dignamente a los muertos y el PSN- PSOE no va a cejar en el empeño.

Texto para la sección “el apunte” de la Cadena Ser. 31 de enero de 2011

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