Educación y valores

El sistema de convivencia en España  presenta un antes y un después con fecha y norma específica: el 6 de diciembre de 1978, día histórico en que fue ratificada en referéndum la Constitución. Pese a algunas insuficiencias, esta norma básica fraguada en torno al consenso ha presidido el periodo de mayor progreso económico y social de la historia de España. Este acuerdo básico y global es el que permitió la elaboración y aprobación del artículo 27 de la Constitución, el dedicado a la enseñanza, un encaje de bolillos que ha amparado políticas de signo bien distinto, llevadas a cabo sucesivamente por los gobiernos centristas, socialistas y populares, reflejo de las preferencias del pueblo español en cada una de las elecciones habidas en los últimos treinta años.

Era preciso, en consecuencia, que esta nueva etapa, en la que los súbditos de antaño habíamos pasado a ser ciudadanos, se dotase de principios y valores propios de un Estado democrático, plural y no confesional, que es el previsto en nuestra Carta Magna. Pese a que las referencias de buena parte de los países democráticos europeos no dejaban dudas sobre la oportunidad de una materia que abordase los nuevos valores en el currículo escolar, otros temas colaterales, como el papel de la familia en la educación, han complicado el debate y han impedido un gran consenso en torno a esta materia. La Educación para la Ciudadanía, una de las novedades de la última Ley Orgánica de Educación, nacía sin acuerdo y con la oposición del principal partido de la oposición y algunas organizaciones confesionales. Tras la presentación de un recurso en el que la objeción de conciencia ante la materia ha pretendido esgrimirse como un derecho fundamental de los padres, una tensa espera y una larga deliberación, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia y ha sentado jurisprudencia: la materia de Educación para la Ciudadanía es plenamente legal y debe ser cursada por todo el alumnado en los términos previstos en la ley. Atrás quedan un polémico proyecto que no apoyan ni el primer partido de la oposición ni la CONCAPA -la federación católica de padres y madres-; un complejo currículo en el que los principios constitucionales y los derechos humanos, elementos indiscutibles, han tenido que convivir incómodamente con contenidos  morales más discutibles; un filibusterismo político que ha adquirido tintes grotescos en Comunidades como la Valenciana, donde la materia ha pretendido impartirse en inglés, confundiendo el culo con las témporas; y un movimiento de objeción de conciencia ante la asignatura que ha cortado de raíz la sentencia del Tribunal Supremo.

Lo más triste del asunto es que el ruido mediático y los flecos de determinados contenidos han impedido debatir lo verdaderamente sustantivo: la necesidad de dotar a nuestro alumnado de un corpus doctrinal derivado de los principios constitucionales y de nuestra inserción, esperemos que irreversible, en el mundo democrático. Eso, y no otra cosa, es lo que debe entenderse por ciudadanía, la búsqueda y el ejercicio de una serie de valores propios de la sociedad democrática, que el Estado debe de propiciar y de fomentar.

Acabado el proceso judicial, confío en que entremos en el proceso educativo. Si los principios no se discuten, digámoslo. Si lo que se plantea son determinados contenidos y su concreta forma de plasmarlos por parte de algunos autores y libros de texto, discutámoslo. Pero diferenciemos lo esencial de lo accesorio. Sería deseable, para bien de toda la comunidad, que los objetores acatasen de buena fe la sentencia y que la Administración, en un ejercicio de altura de miras, mostrara su disposición favorable a revisar aquello que objetivamente sea revisable. Estoy convencido de que todos saldríamos ganando.

 

Diario de Navarra 5/2/2009

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