Moción de IU sobre privatización de edificios religiosos. Enmienda de sustitución. Defensa

Roberto Jiménez Allí, portavoz del grupo parlamentario “Socialistas del Parlamento de Navarra”, y Ion Erro Armendáriz, portavoz de la agrupación de parlamentarios “Izquierda Unida de Navarra, Nafarroako Ezker Batua”, al amparo de la previsto en el reglamento de la Cámara, formulan la siguiente ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN, a la Moción sobre privatización de edificios y bienes de uso religioso, formulada por IUNNEB.PROPUESTA DE ACUERDO

1.- El Parlamento de Navarra, a la vista del malestar generado en numerosos ayuntamientos y ciudadanos por el proceder de los responsables de la diócesis de Pamplona-Tudela, concretado básicamente en la falta de información que ha guiado todo el proceso de registro de los bienes de uso religioso, insta al Gobierno de Navarra a que medie entre las partes a fin de que los responsables municipales, y por ende la ciudadanía afectada, conozcan de primera mano las razones por las cuales se ha adoptado la decisión registral descrita.

                                En Pamplona a 12 de marzo de 2008

El portavoz del grupo SPN

Roberto Jiménez Alli

Defensa de la enmienda de sustitución en el Pleno de la Cámara

La Agrupación de Parlamentarios de Izquierda Unida de Navarra nos presenta una moción con una larga exposición de motivos y una  propuesta de acuerdo que, literalmente, dice lo siguiente:”el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a iniciar todos los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes públicos de uso religioso de Navarra, así como de cualquier patrimonio que pueda encontrarse en la misma o similar situación”.

El tema que nos ocupa no es ni sencillo ni fácil. Se presta a mucha demagogia, es muy sensible y necesita ser tratado con sosiego y prudencia. Este es, precisamente, el objetivo de nuestro grupo: situar las cosas en su sitio, aplicar la racionalidad en el tratamiento del mismo, y proponer una enmienda de síntesis que permita un punto de encuentro para los grupos en una cuestión delicada.

La cuestión abordada, la titularidad o propiedad de los edificios religiosos, puede ser abordada desde tres prismas distintos: el histórico, el legal, y el de la oportunidad del hecho realizado.

La perspectiva histórica

Una reflexión histórica nos llevaría muy lejos, dado que las relaciones Iglesia-Estado han sido un asunto capital en la historia de España y de Navarra, debido al papel histórico que ha jugado la Iglesia como poder no sólo religioso, sino también político y social. Hitos en esta difícil relación en nuestra historia contemporánea han sido las desamortizaciones de Godoy, las Cortes de Cádiz, el trienio liberal, Mendizábal y Madoz, el concordato de 1855, la Ley del Candado en la Restauración, el periodo especialmente convulso de la Segunda República, la guerra civil, el franquismo, la transición, la Constitución de 1978, la ley de Patrimonio Histórico Español de 1986, etc.

La perspectiva legal

Los bienes de titularidad de la Iglesia Católica no han podido históricamente registrarse ni siquiera en la época del franquismo. Pero en 1998, se modificó la Ley Hipotecaria y fue posible la inscripción. Y en los últimos años, prácticamente todas las iglesias y ermitas de Navarra han sido inscritas en el registro “a nombre del arzobispado de Pamplona para la parroquia de…”

Esta decisión podrá ser discutida, pero se ha hecho en buena parte de las diócesis españolas, y jurídicamente no es fácil discutir la propiedad, aunque el concepto de “titularidad” nos hubiera permitido soslayar este problema. No ha habido apenas recursos ante los tribunales y los habidos les han dado la razón a la Iglesia. De ahí que no compartamos el tenor literal del texto de la moción de IU.

La perspectiva del criterio de oportunidad

Pero hay una tercera perspectiva en la que nos queremos detener: la oportunidad político-religiosa de semejante acción y los medios utilizados para ello.

La acción en sí misma en relevante. Es la primera vez en la historia que esto sucede. Y puesto que, según dicen sus ejecutores, aparentemente nada cambia, una decisión de este calibre debía de haber sido ser compartida, comunicada y valorada por las comunidades locales (clero y feligresía) y ciudadanos. Esto no ha sucedido así. Ni algunos párrocos, ni los consejos parroquiales, ni los ayuntamientos, ni los ciudadanos han sido informados previamente de una decisión que trasciende la burocrático y se instala en la sensibilidad religiosa, social y política. Y esto ha generado un malestar evidente.

Esto afecta a todas las iglesias, por lo tanto, a todos los municipios de cualquier color político, sobre todo a los de UPN, que es el grupo que ostenta más alcaldías.

Y ante esto, ¿qué hacer? Como es un tema vidrioso caben dos posibilidades: salirse por peteneras y decir que esto no nos afecta, o intentar la mayor y mejor información posible para los afectados. Nuestro grupo opta por la segunda opción.

El Gobierno de Navarra, lo adelanto, no tiene responsabilidad legal, como no sea “in vigilando”, que dicen los juristas. Pero es un poder mediador. Y tiene autoridad para mediar entre las partes cuando éstas son el arzobispado y los ayuntamientos, y afectan a la ciudadanía.

De ahí, el tono literal de nuestra enmienda.

Como ven, señoras y señores parlamentarios, una vez más nuestro grupo quiere favorecer el acuerdo y el diálogo, y quiere evitar enfrentamientos y guerras religiosas que no conducen a nada bueno.

Espero que el resto de los grupos parlamentarios sepan entenderlo así.

Aprobada en el Pleno de la Cámara de 14 de marzo de 2008 por 26 votos a favor y 24 abstenciones       

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