La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la atención sanitaria de todos los ciudadanos. El organismo encargado de velar por el cumplimiento de este derecho es el Sistema Nacional de Salud. Basado en los principios de universalidad, gratuidad, calidad, descentralización y cohesión, el SNS se configura como el conjunto coordinado de los servicios de salud de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias, responsabilidad del conjunto de las administraciones. En definitiva, es el garante de que todos los ciudadanos españoles, cualquiera que sea su lugar de residencia, tengan razonablemente resuelta su atención sanitaria.
Uno de los grandes logros de este país en su etapa democrática es haber diseñado una nueva estructura territorial denominada coloquialmente “Estado de las Autonomías”. La cercanía del poder al ciudadano ha propiciado indudables avances en los ámbitos de la salud, la educación, la política social o la cultura, por enumerar algunos de los ámbitos más relevantes. Pero la nueva distribución territorial tenía un peligro latente: fragmentar el territorio en tantos espacios como Comunidades Autónomas y herir de muerte logros tan esenciales como el Sistema Nacional de Salud o el sistema educativo.
El riesgo lo acabamos de ver estos días. La Comunidad Autónoma de La Rioja, a cuyo frente se encuentra el muy populista Pedro Sanz, enarboló en plena campaña electoral la bandera riojana y dejó de admitir unilateralmente a los navarros y vascos de poblaciones limítrofes que hasta ahora eran atendidos en hospitales riojanos. La razón no es que la sanidad de esta Comunidad sea sustancialmente mejor que la de los otros territorios citados, sino que los pacientes se guían por criterios de proximidad y comodidad. Y los ciudadanos de Oyón o Viana, por poner un ejemplo, prefieren ir a Logroño que desplazarse a Vitoria o Estella. ¿Qué exigía a cambio La Rioja? Oficialmente, contraprestaciones económicas, a lo que se han opuesto la consejera Vera y su homólogo Bengoa. Finalizada la campaña electoral y conseguido el rédito político, probablemente el objetivo último de la reivindicación, se ha impuesto cierta cordura: las cosas han quedado como estaban, habrá contraprestaciones médicas, y las económicas quedan para un fondo de compensación nacional que habrá que arbitrar con carácter general.
Lo sucedido, en todo caso, es una llamada de atención para el tiempo venidero. En época de bonanza era relativamente sencillo equilibrar la balanza y dar prioridad al principio de cohesión y solidaridad frente al principio de estricta territorialidad. Y eso que el flujo entre Navarra, La Rioja y País Vasco no es cuantitativamente muy importante. ¿Qué decir de Cataluña, País Valenciano o Andalucía, con colonias cuantiosas y estables de ciudadanos de otras Comunidades durante muchos meses del año? Pero la crisis puede agudizar la guerra entre Comunidades y convertir el sistema nacional en un mercado sanitario. Es mejor prevenir que curar, especialmente en el ámbito de la salud. Bienvenido sea el acuerdo provisional alcanzado entre las tres administraciones, pero recordemos que el acuerdo es eso, provisional y que su fecha de caducidad es casi inmediata, el 29 de febrero de este mismo año. Resulta, por tanto, imprescindible, frente a los litigios políticos o territoriales, preservar la prioridad absoluta del ciudadano paciente y reforzar los mecanismos de cooperación del Servicio Nacional de Salud, uno de los grandes logros, si no el que más, de nuestro Estado de Bienestar. Si la descentralización sanitaria no ha impedido situarnos en la vanguardia mundial en materia de trasplantes, no hay razón alguna para no resolver satisfactoriamente este problema menor. Ni la calidad de nuestro sistema, ni nuestros ciudadanos, se lo merecen.
Diario de Navarra, 12/1/2012
